viernes, 6 de febrero de 2009

Bolivia en semanario Proceso

México D.F., 3 de febrero del 2009

Estimado Rafael Rodríguez Castañeda
Director del Semanario Proceso

Señor director.

He leído con atención el último despacho de Jean Paul Guzmán (Las batallas pendientes, Proceso 1663) donde aborda la situación política boliviana. La nota, además de los anteriores envíos suyos, me suscitan los siguientes comentarios.

Resalta la parcialidad de Jean Paul Guzmán frente a lo que sucede en Bolivia, y contrasta con la línea editorial de Proceso que se caracteriza por un periodismo de investigación de alta profesionalidad, seriedad, equilibrio, y con un marcado sentido crítico. El periodista mencionado deja ver en sus notas una toma de posición en contra del gobierno boliviano y a favor de los intereses de la oligarquía local, pareciendo sus entregas más bien artículos de opinión –muy respetables si esa fuera la intención- y no documentos de información.

Las fuentes que cita Guzmán son constantemente “analistas” que representan el pensamiento conservador en Bolivia. Tal es el caso del tantas veces mencionado Jorge Lazarte, que luego de pasar por la escuela trotskista en su juventud, se convirtió en asambleísta constituyente por Unión Nacional (partido de derecha) y actualmente es uno de los intelectuales más identificados con la derecha local. Lo propio podemos decir de Carlos Miranda Pacheco, que es presentado como “experto en petróleo” –lo que es cierto-, pero se oculta que fue funcionario del expulsado expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Ni hablar de Víctor Hugo Cárdenas o Carlos Mesa –también ampliamente citados-, ambos vice-presidentes de Sánchez de Lozada. Y así podríamos ir nombre por nombre para tener claro el origen de quienes nutren las reflexiones del periodista. Extraña la ausencia de intelectuales de notable calidad analítica –como Luis Tapia, Rafael Archondo o Xavier Albó, por mencionar tres doctores en ciencias sociales- que bien podrían equilibrar el panorama.

El manejo de los datos también es constantemente sesgado. En su nota, los resultados que presenta Jean Paul Guzmán son los del periódico La Razón y la Asociación de Teledifusoras Bolivianas (ATB) conocidas por su posición hipercrítica al gobierno y por sus vínculos con el grupo español PRISA que dicta línea editorial y presenta los datos de una manera siempre tendenciosa (basta ver cualquiera de sus editoriales o primeras planas).

Todo esto me conduce a múltiples preguntas: ¿Por qué Guzmán no acudió a la información dada por la Agencia Boliviana de Información y la Televisión Boliviana para matizar sus datos (de hecho éstos se acercaron mucho más al resultado final, pronosticando una victoria del “sí” con más del 60%, acercándose al 61% que es el resultado final)? ¿Por qué no señala que esta es la primera vez en Bolivia que una Constitución es el resultado de un proceso ampliamente participativo –y por tanto complejo- que fue respaldado mayoritariamente por la población a través del voto? ¿Por qué no señala que todas las constituciones anteriores fueron diseñadas y aprobadas por el 2% de la población o por sistemas de representación de discutible legitimidad? ¿Por qué se empeña en resaltar la diferencia porcentual con respecto al referéndum revocatorio de Evo Morales unos meses antes cuando todos sabemos que son dos cosas diferentes las que estaban en juego? ¿Por qué no denuncia con mínima franqueza que los referéndums autonómicos del año pasado que se llevaron a cabo en cuatro departamentos del país ocurrieron fuera de la ley, no tuvieron participación de la Corte Nacional Electoral ni aprobación del Parlamento, no hubo campaña publicitaria equitativa, no asistieron observadores internacionales y por tanto sus resultados son tremendamente cuestionables? ¿Por qué cuando habla de la “nacionalidad indígena” no menciona que la historia del país –más allá de los debatibles datos del Censo de Población del 2001- es la negación del indio como ciudadano en su nación? ¿Cuándo habla del régimen legal, por qué no cita a René Zavaleta cuando decía que Bolivia es una sociedad abigarrada en la cual conviven distintos pisos societales que siempre han generado enormes desfases en lo cultural, religioso, político, social, etc. y que eso había que empezar a resolver? ¿Por qué en vez de citar el informe del profesor americano M. Seligson –cuyos estudios han sido tremendamente cuestionados en Bolivia- no acude al Informe de Desarrollo Humano 2007 de Naciones Unidas, llamado “El estado del Estado”, donde se muestra que el país atraviesa por una crisis de Estado con múltiples aristas y que la Nueva Constitución se inscribe en ese tenso proceso de transformación estatal? ¿Por qué nunca menciona ninguna reflexión del grupo Comuna, que es uno de los polos intelectuales que han marcado el pensamiento boliviano en la última década?

En fin, los temas son muchos y no se los puede abarcar en este corto espacio, pero creo que sería mucho más saludable para el público que lee Proceso en México tener mejores fuentes analíticas de lo que pasa en Bolivia, en vez de recibir solamente informes que, claramente, tienen una intención política.

Lo saludo atentamente,

Dr. Hugo José Suárez
Instituto de Investigaciones Sociales
UNAM

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